Presentación
La actual situación de Colombia tiene que ver, en gran parte con la crisis generalizada y agudizada en la década de los años ochenta, resultado, no sólo del desarrollo de ciertas variables coyunturales, entre otras, la del narcotráfico, sino de transformaciones estructurales que tienen sus raíces fundamentalmente en los años siguientes a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esta ubicación en el tiempo de las causalidades de la crisis del país, no pretende desconocer, de ninguna manera, antecedentes que vienen determinando la configuración de la historia de la nacionalidad colombiana, desde el mismo momento de la independencia en el siglo pasado. La definición del Estado sobre la base de una nacionalidad inexistente, donde territorio y sociedad eran más una suma de individuos que una realidad integrada alrededor de proyectos socio económicos, políticos y culturales comunes, no puede ser desconocida al momento de explicar científicamente nuestro acontecer histórico pasado y presente. Los problemas propios de la conformación de una verdadera sociedad civil y de la legitimidad del Estado frente a ésta, que están a la base de la actual situación crítica colombiana, están presentes a lo largo de nuestra historia desde el siglo pasado. Por ello, será necesario hacer referencia en muchas oportunidades a asuntos anteriores a los que se dan a partir de la mitad del siglo XX.
Pero la crisis de cualquiera de las regiones particulares de Colombia, no es comprensible absolutamente desde este contexto general. Este es fundamental, pero las regiones presentan en sus desarrollos especificidades que requieren explicaciones también particulares. En los campos económico, social, político, religioso, etc. es posible encontrar importantes diferencias frente a lo acontecido en el resto del país (Cfr. Uribe y Álvarez, 1987). Es el caso singular de Antioquia. A pesar de ser una región de difícil interconexión con el resto de la nación y con los mercados mundiales, se convierte, hasta los años 60, en la capital industrial del país. Con base en el café, el comercio y la industria, la clase dirigente antioqueña conquista el poder político y traza sus pautas a lo largo de este siglo. Las características de su modelo de desarrollo económico llevan a que la crisis de la sustitución de las importaciones repercuta, de manera más acentuada, en Antioquia y, sobre todo, en Medellín.
El entrecruzamiento de múltiples formas de violencia, convierte a Medellín en objeto del "señalamiento", no sólo nacional, sino mundial. Esas particularidades que permiten la diferenciación de esta región frente a las demás, posibilitan también comprender por qué habrá de encontrarse un terreno abonado para el nacimiento y crecimiento del narcotráfico.
Pero las regiones también son particularizables por las posibilidades que construyan en función de la superación de una etapa de crisis. Medellín, por ejemplo, es hoy una ciudad que ha comenzado a pensarse a sí misma; desde muy diferentes ámbitos como los sociales, religiosos, políticos, se ha iniciado un proceso de toma de conciencia sobre los caminos y las posibilidades que la misma ciudad y toda Antioquia tienen para superar la crisis y construir alternativas de futuro hacia la estructuración de una democracia como modo de vida. La ciudad ha comenzado a mostrarle al país, y precisamente desde los sectores que habían sido más excluidos de los beneficios del desarrollo, como los sectores sociales medio bajos y bajos, y los sectores juveniles, que es posible construir la democracia mediante la integración comunitaria y la participación ciudadana. Las muy variadas y numerosísimas organizaciones juveniles existentes en Medellín, son una buena esperanza de ello. La correcta comprensión de los procesos de transformación del país debe, pues, tener en cuenta, además del panorama general, los desarrollos históricos específicos de cada una de las regiones. En este documento, precisaremos lo relativo al primer aspecto, el general.
Los comienzos de la modernización
Desde mediados del siglo XX Colombia ha sido objeto de profundas transformaciones. Al comparar el país actual con el de los comienzos de la década de 1.950, en muy poco, el de hoy, es similar a aquel. El desarrollo económico desde un modelo de sustitución de importaciones hasta los inicios de la apertura económica, la urbanización acelerada, la universalización de parámetros culturales mediante la expansión de los medios de comunicación, la ampliación de la cobertura educativa en todos los niveles, el surgimiento de nuevos y variados actores sociales, la esperanza de democratización que abre la Constitución de 1991, todo ello marca una gran diferencia con el país de 1950, en un período de tiempo muy corto, si se le compara con el que han tenido los países europeos para llevar a cabo los mismos procesos. En términos de Leal Buitrago (1991) y Consuelo Corredor (1992), el país ha tenido un amplio y acelerado proceso de modernización.
Ya en los años veinte, con base en el aumento de los precios del café, importantes empréstitos y la indemnización por el canal de Panamá, se da una monetarización de la economía que marca para Colombia, según Leal Buitrago, el surgimiento de "un clima de modernización" (1991: 399). Y sobre esta base se produce el primer intento de modernización del Estado. "Fue el experimento de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo a mediados de los años treinta. En contra de la mayoría de los grupos dominantes, básicamente terratenientes, exportadores de café y emergentes industriales, los cuales se unificaron en torno a un proyecto autoritario contra la intervención que frenó la mayor parte de reformas, se logró un avance hacia la autonomía económica, la liberalización y la secularización del Estado" (: 399). Son éstos los antecedentes de lo que Corredor (1992: 23) denomina un proceso de modernización sin modernidad, contradicción que es ubicada como una de las causas de la crisis nacional a partir de la década de 1980.
López Pumarejo intenta reformas que podrían haber facilitado más tempranamente un amplio proceso de modernización. Piensa la educación como una condición importante para desarrollar las capacidades técnicas y laborales en el país, poniéndola así al servicio del desarrollo del proceso industrial y recuperando, de paso, para el Estado la capacidad de vigilancia y control sobre la misma. Más que una real redistribución de tierras, lo que la ley 200 de 1936 pretendía era obligar a los grandes terratenientes a convertir el campo en una gran empresa capitalista cuya productividad pudiera suplir las necesidades de materias primas de la naciente industria y alimentar la población urbana en crecimiento. Intenta facilitar el fortalecimiento de los nuevos actores sociales, como la recién surgida clase obrera, por medio de la organización sindical. Era, en una palabra, otro intento por construir un Estado Liberal, propiciando la participación de los nuevos sujetos sociales surgidos como consecuencia del crecimiento industrial, significativo después de la gran depresión capitalista en 1929. Pero este intento, por cambiar la conducción autoritaria y verticalista de la nación, fracasa ante la reacción de los sectores que mucho tenían que perder con estas transformaciones. La coyuntura de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de Abril de 1948, le permite a la oligarquía colombiana superar este riesgo, al propiciar una década de terrible violencia sectaria entre los dos partidos tradicionales (Cfr. Melo, 1979: 213. García, sf : 15).
La década de 1950 es fundamental con miras a la comprensión de la situación actual del país. Se expresan y entrecruzan allí diferentes procesos que habrán de determinar los rumbos de la nación en la segunda mitad del siglo XX.
El proceso económico
En lo económico, terminada la Segunda Guerra Mundial y facilitada por la coyuntura de la elevación de los precios del café, se da una ampliación y profundización de la industrialización dentro de la mecánica de la sustitución de importaciones; el país entra a la fase de producción de bienes intermedios, pero con la limitación de que éstos y los bienes de consumo sólo son producidos para satisfacer las necesidades del mercado nacional, muy restringido ante la insuficiente redistribución del ingreso y la cada vez mayor monopolización y concentración de los medios de producción. "El modelo de desarrollo seguido ha profundizado los desequilibrios económicos y sociales que se expresan en la centralización y concentración de los poderes económico y político y en la polarización social en los ámbitos nacional, regional y local. La estructura productiva altamente concentrada, cuya expresión importante es la inequitativa distribución del ingreso, ha sido uno de los obstáculos claves para la ampliación del mercado interno. Pero este último, a su vez, constituye una seria restricción para la diversificación del aparato productivo y para la inversión y el empleo" (Corredor: 309).
El campo, en regiones como la Costa Atlántica, el Valle, Tolima, Huila, llega a ser objeto, durante estos años, de grandes inversiones de capital para la producción de materias primas para la industria y de productos para alimentar la cada vez mayor población urbana. Esta modernización de algunos sectores del c ampo entra en contradicción con la otra gran propiedad tradicional, representativa más de un poder social que de un poder productivo, y en contradicción, sobre todo, con la pequeña propiedad, dedicada fundamentalmente a la subsistencia. Estos factores contribuirán ampliamente a la descomposición del campesinado que, también afectado por la violencia sectaria, tiene que migrar masivamente a las ciudades o a nuevas zonas de colonización como los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, Urabá. Se comprende entonces cómo la modernización económica que se desarrolla a partir de estos años de mediados de siglo, no asume la transformación de los distintos sectores socio económicos como un proyecto integral. Por el contrario, comienza a perfilarse un resquebrajamiento entre los que se modernizan bajo el impulso directo del Estado y los que permanecen excluidos de dicha posibilidad. Este proceso de exclusión, de no modernización integral, habrá de convertir los sectores atrasados en un lastre para el mismo desarrollo industrial y en causa del agravamiento de la crisis social.
En la década de los años 70, todos los esfuerzos políticos y financieros del Estado son conducidos a favorecer el proyecto de la diversificación de las exportaciones como una vía para superar la crisis en la que había entrado el modelo de desarrollo con base en la sustitución de las importaciones. Tanto el ahorro nacional, sobre todo el proveniente de la bonanza cafetera que le correspondió al gobierno de López Michelsen, como los grandes empréstitos en los que se embarcará el país, son utilizados fundamentalmente para la modernización de los "sectores de punta" en los campos minero, manufacturero y agroindustrial que ofrecían ventajas comparativas. Sólo un pequeñísimo sector de colombianos se beneficiará realmente con el incremento de las exportaciones, pero todo el país sí tendrá que asumir las consecuencias de la crisis que implica el crecimiento de la deuda externa y la reducción significativa de la inversión social durante la siguiente década. El viraje "hacia afuera" del modelo de desarrollo dejará sin posibilidades el desarrollo interno. Las consecuencias se agudizarán en sectores como la educación, la vivienda, la salud y el campo (Cfr. Bejarano, 1984: 17 46).
El final de la Guerra Fría eliminó los obstáculos propios de un mundo bipolar para la consolidación del mercado mundial como punto de referencia para el desarrollo de los países. "El recurso al mercado, en su acepción más radical, fue el principal mecanismo empleado tanto como principio de organización social como de medio a través del cual se afirmaba la integración de los diferentes Estados en la economía mundial" (Fazio: 69).
Las naciones se ven "obligadas" a abrir sus fronteras y a supeditar muchas esferas de su soberanía a los condicionamientos de los capitales internacionales. Los desarrollos empresariales ya no se supeditan a las fronteras de una nación. "La 'revolución' informática está generando por sí sola enormes excedentes y sus aplicaciones son una fuente casi inagotable de nuevas tecnologías derivadas. Este desarrollo está cambiando la tecnoestructura mundial. No sólo revoluciona las condiciones de circulación de los bienes sino su misma producción, cada día más automatizada. Pero la transformación más significativa proviene de la aplicación de la informática a la organización y gestión empresarial. Nace la empresa mundial" (Restrepo. 1991: 80).
Los condicionamientos del FMI a partir de la crisis de la deuda externa latinoamericana y la mejoría en la balanza de pagos a partir de 1986, crearon el ambiente apropiado para que el equipo económico del presidente Virgilio Barco Vargas "considerara que el país requería no sólo de un ajuste coyuntural, sino que era necesario ir más allá, para disminuir el papel del Estado en la economía y estimular el 'desarrollo hacia afuera', reduciendo la dependencia que en relación con el mercado interno tenía el aparato productivo" (López: 20-21).
Ante la solicitud de nuevos créditos al Banco Mundial, éste presionó la aprobación de un programa de liberalización de importaciones y de reestructuración industrial. De esta manera, en Febrero de 1990, el Conpes aprobó el 'Programa de modernización de la economía colombiana' (Ibid: 22).
La administración de César Gaviria, para septiembre de 1991, olvida los criterios fundamentales con base en los cuales había sido planeado el proceso de apertura económica: gradualidad, selectividad e integralidad, determinando una apertura radical, al rebajar intempestivamente los niveles arancelarios cuando la mayoría de las empresas no había tenido el tiempo suficiente para transformarse, modernizando sus procesos de producción y de administración. Esto las llevó a enfrentarse a un mercado mundial en cuya competencia buena parte de nuestros sectores productivos, de manera muy sensible, el agrario, llevaron todas las de perder, lo que implicó de inmediato la elevación de los índices de desempleo a niveles antes nunca conocidos. Buena parte de los colombianos sólo encontraron como única alternativa para sobrevivir hacer parte de la subversión, de la antisubversión, del mundo del narcotráfico o de las bandas armadas en los sectores urbanos de las principales ciudades.
Indudablemente la apertura económica favorecerá a los grandes capitales nacionales y transnacionales en contravía de las grandes mayorías del país que han visto incrementarse la concentración de la riqueza en un sector cada vez más reducido, sobre la base del aumento acelerado de la pobreza, más del 60% de los colombianos, y de la miseria, casi el 30%. Dicha situación habrá de agudizarse ante el empeño de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez de firmar a toda costa un Tratado de Libre Comercio, sobre la base de las condiciones impuestas por Estados Unidos.
El desarrollo sociourbano
Otro de los procesos que tiene sus comienzos en los años 50, es el del rápido crecimiento del sector urbano. Factores como la ya mencionada violencia sectaria, la concentración de la propiedad de la tierra o la búsqueda de un mejor nivel de vida en la ciudad ante las promesas de progreso propias del crecimiento industrial, causan un crecimiento urbano muy acelerado que lleva a que Colombia con una población en su mayoría rural, para la década de 1980, sea ya predominantemente urbana, y que, para el año 2025, según el estudio de "Colombia Siglo XXI", llegue a tener una proporción de cuatro habitantes urbanos por uno que vivirá en el campo, proyección que parece estarse cumpliendo 20 años antes de lo previsto. Lo acelerado del proceso choca con la incapacidad de las ciudades para integrar toda esa gran masa migrante desde el campo. Las ciudades se tornan incapaces de responder a las necesidades de vivienda, servicios, vías, educación, empleo, salud y recreación, llenándose rápidamente de cinturones de miseria, los que se constituirán, a su vez, en la raíz de nuevas violencias. El orden tradicional y sus valores de integración social, propios de una sociedad agraria, se rompe, no siendo reemplazado por uno nuevo, de valores acordes con las también nuevas realidades y que les permita a los individuos entrar a integrarse al colectivo sociourbano, mediante la creación de una mentalidad cultural adecuada a las exigencias de la convivencia ciudadana. Si bien, la educación creció significativamente en cobertura, no lo fue mucho desde el punto de vista cualitativo como para contribuir con la creación de dicha cultura urbana. Al hombre y la mujer de la ciudad se les continuó educando con los valores propios de la tradición y no con los necesarios para la formación de un ciudadano, dentro de un contexto de actores sociales múltiples y diferentes.
La acentuación de las violencias producto de la confrontación entre subversión y antisubversión, alimentados por el fenómeno del narcotráfico, la crisis del sector agrario, la cada vez mayor concentración de la tierra, llevan a que, en los años finales del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, asistamos al desplazamiento de enormes sectores de población, sobre todo a las zonas urbanas, agudizando aún más las crisis sociales en nuestras ciudades.
La recomposición del sistema político
Por otro lado, acontecimientos como la violencia sectaria y su posibilidad de transformación en revolución social, el intento de Laureano Gómez por corporativizar el Estado y la "dictadura" (arbitramento) de Gustavo Rojas Pinilla, ponen en peligro la tradición de Colombia como Estado de Derecho y, de paso, también, el gran crecimiento económico y los beneficios que de ello derivaba la oligarquía de ambos partidos. La respuesta o salida para esta crisis socio política será el pacto del Frente Nacional, pacto hecho por arriba entre las dirigencias de los dos partidos con la aparente participación de una amplia base social a través del Frente Civil que se formó en contra de la permanencia de Rojas Pinilla en el poder.
El Frente Nacional nace, pues, como una respuesta a la crisis socio política del país, sobre todo al estado de violencia sectaria que comenzaba a poner en peligro el tradicional dominio y usufructo del Estado por parte de las dirigencias de los partidos Liberal y Conservador y, como tal, deja en la penumbra toda perspectiva de cambio democrático. Ni los campesinos, ni los nuevos actores sociales, surgidos como consecuencia de la modernización económica y sociourbana, encontrarán canales de participación o de acceso al ejercicio del poder en el Estado. De ahí que sus necesidades permanezcan insatisfechas o que se comience a buscar "otros" caminos para su solución por fuera de las vías institucionales. Por medio del pacto, Liberales y Conservadores se distribuirán en partes iguales el poder político y burocrático, cerrando los espacios a la presencia de cualquier otro tipo de movimiento político, ideológico o social. Permite que las fuerzas armadas jueguen un papel fundamental como árbitro en el ejercicio del poder por parte de los dos partidos y que con base en el carácter autoritario asumido por las clases dirigentes y ejercido por medio del Estado de Sitio casi continuo desde la década de 1950 se proteja el poder en contra del aparecimiento de cualquier otra fuerza que pretendiese asumirlo. Mientras en casi todos los países latinoamericanos los militares recurrieron a la dictadura para ejercer realmente el poder, en Colombia las fuerzas armadas participaron del mismo sin aparecer formalmente como dictadores ni tener las consecuencias del desgaste que ello representaba.
El Frente Nacional aparece entonces como una negación continua de los derechos fundamentales a la participación verdaderamente democrática en la conducción del Estado. Es cierto que todo el mundo podía votar pero de antemano estaba determinado por quién se debía hacerlo. Manifestaciones políticas diferentes terminaron siendo incorporadas a los partidos tradicionales o reprimidas al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional . Cualquier intento de organización y de movilización de los sectores carentes de poder político (campesinos, obreros, estudiantes, grupos marginados como los indígenas), fue calificado de subversivo y "solucionado" sólo por la vía de la fuerza. El Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala es una expresión sobresaliente de la mentalidad de la clase política dirigente y del papel jugado por los militares. Con él se reprimió toda exigencia de desarrollo social para las mayorías de los colombianos y se desaparecieron innumerables líderes luchadores por las causas sociales. En los últimos 40 años, han sido muy pocos los momentos en los que se ha gobernado sin el Estado de Sitio (Art. 121 de la anterior Constitución), como estado de excepción que le otorgaba facultades extraordinarias al Presidente de la República para el control autoritario y represivo del orden público, sepultando así, muchas veces, no sólo el carácter de democracia formal, sino el mismo principio de Estado Liberal de Derecho en cuanto a la separación entre las tres ramas para el ejercicio del poder. El Presidente, la mayoría de las veces, pareció más un dictador. No sólo la ejecución sino buena parte de la legislación y la justicia dependieron de sus manos. Lo anterior explica por qué el abstencionismo llega a niveles del 65 o 70% a lo largo del período del Frente Nacional y en los años subsiguientes. Para la mayoría de la población colombiana los gobernantes no eran legítimos, no eran representantes reales de sus intereses. Con razón indica Tirado Mejía (1989: 399) que ante los cambios trascendentales en campos como lo económico y lo sociourbano, el Frente Nacional se dio como un "mecanismo para evitar pero no para innovar; para mantener pero no para avanzar; para evitar que un partido tomara la primacía sobre el otro, fuese cual fuese su respaldo popular; para impedir que en el panorama político pudieran aparecer institucionalmente otras fuerzas concurrentes".
El Frente Nacional lleva, no sólo a que no se puedan constituir partidos de oposición y, con ellos, alternativas que respondan a las necesidades de transformación socio económica, política y cultural de todos los pobladores de la nación, sino a que los mismos partidos tradicionales desaparezcan como tales. Asegurado el poder y la burocracia por medio del pacto, Liberales y Conservadores no requieren de la confrontación ideológica, política y programática frente a los electores, desdibujándose por completo la frontera entre los dos partidos y los mecanismos de control del ejercicio del poder que normalmente realiza el movimiento político diferente a aquel que está ejerciendo el poder. Es decir, los partidos dejan de funcionar como ese puente fundamental, que deben ser, entre la sociedad civil y el Estado. Si a lo anterior agregamos procesos como la superación del sectarismo político a que conduce el Pacto, la secularización, las distancias entre el sistema educativo y las nuevas realidades sociourbanas, se comprenderá el vacío que se comienza a perfilar en la sociedad colombiana desde la década de 1960: erosionados los mecanismos tradicionales de integración social correspondientes a una sociedad esencialmente agraria, no se construye un orden de valores diferente que le permita a los individuos integrarse al colectivo social para construir un proyecto común que les permita conformarse como sociedad civil. Ni la educación, ni la moral cristiana, ni la clase política y económica tienen la capacidad de responder a las exigencias de las realidades que surgen como consecuencia de las transformaciones del proceso de modernización. Al estallar la crisis, sobre todo en los años 80, el problema se explicará como el resultado de la pérdida de los valores y la solución que se plantea se moverá sólo dentro del estrecho marco de la recuperación de los mismos y no de la construcción de unos nuevos en concordancia con las nuevas realidades. Para las mayorías de la población, marginadas de los beneficios del desarrollo en los cinturones de miseria de las grandes ciudades o en el campo, sobre todo en zonas de colonización, el Estado estará ausente o sólo presente para reprimir los conflictos y no como árbitro para solucionarlos.
Este vacío de Estado será necesariamente el terreno abonado para el surgimiento y consolidación de los diferentes movimientos guerrilleros; el espacio adecuado para la construcción de la variable del narcotráfico; campo para el desarrollo de la justicia privada y el paramilitarismo como uno de sus fundamentos; marco para el incremento acelerado de la violencia común. Vacío de Estado que, ante los conflictos que genera y que pretende solucionar, sólo por la vía de la fuerza, no crea las condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad civil fuerte, justa y equitativa. El Informe sobre el desarrollo humano, de la ONU presentado en el año 2005, indica que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo: puesto 11 en el mundo y 5 en América Latina .
La deslegitimación del Estado encuentra en el clientelismo un camino para la supervivencia de los dos partidos tradicionales y una forma de mantener la comunicación con una parte muy pequeña de la sociedad, con aquellos que encuentran en el "negocio del voto" algunas respuestas a sus necesidades. El clientelismo termina siendo la muestra más clara de apropiación de lo público para beneficio particular. El clientelismo y su secuela la corrupción terminan desvirtuando el papel fundamental del ejercicio de la política en la construcción de la nacionalidad. "El clientelismo es un sistema de intercambio que comporta siempre una relación de subordinación. El 'jefe', poseedor del poder y de los medios para su ejercicio, subordina al 'cliente' mediante el otorgamiento de bienes y/o servicios a cambio de su lealtad e incondicionalidad políticas. Por tanto, no se trata de una adscripción partidista, fruto de una libre opción política, respaldada en principios doctrinarios o en una identificación con un discurso político. Al contrario, es una adscripción coercitiva, en tanto que su no aceptación priva al cliente del acceso a los bienes y/o servicios que se utilizan como medio de trueque" (Corredor: 318).
La tensión entre modernización y modernidad
Este es el panorama histórico a partir del cual es posible afirmar con Consuelo Corredor (1992: 75) que Colombia optó por "el modelo liberal de desarrollo.... en el que prevalecen los intereses e iniciativas privadas en desmedro del interés colectivo. Ello significa hacer del mercado el núcleo de la organización económica y social, y del Estado una instancia que refrenda la consecución de los intereses particulares, a través de la protección del orden, en el cual tiene lugar dicha consecución. El sistema político se confina a una conservación del poder sin proponer y, aún menos admitir, la posibilidad de un orden alternativo.... De tal forma, el modelo liberal de desarrollo arrastra consigo la exclusión política, social y económica de amplios sectores de la población....". Tras formas aparentemente modernas como el mercado, el Estado y los partidos políticos, se esconden unas relaciones propias de una sociedad tradicional como el clientelismo, el parentesco y las lealtades personales. Relaciones que no son propiamente igualitarias como lo serían las de una sociedad moderna, sino jerárquicas, relaciones de corte verticalista que hunden sus raíces en los mismos momentos del nacimiento de nuestras repúblicas latinoamericanas cuando, después de la Independencia, se fundan Estados sobre bases nacionales inexistentes, es decir, ordenamientos que vienen dados desde arriba, impuestos por un reducido sector de clase dirigente con poder económico, social y político y que, desde un comienzo pone el Estado al servicio de los intereses particulares en desmedro de los colectivos. Más que como cosa pública, el Estado nace como una institución privatizada (Cfr. Corredor: 54 56).
Sobre estas bases es comprensible la tesis central del trabajo de Consuelo Corredor: "La crisis actual de la sociedad colombiana es la expresión de la extrema tensión resultante entre un proyecto de modernización económica ajeno a un proyecto de modernidad"... donde "el modelo liberal de desarrollo ha sido el contexto que ha permitido el avance de la modernización económica y la contención de la modernidad", es decir, éste es un modelo que "ha significado la subordinación del Estado, minimizando su función de interpretar, gestionar y regular los intereses colectivos y obstaculizando la configuración de un espacio público en el que se puedan expresar, confrontar y resolver los conflictos sociales. El Estado colombiano es un Estado privatizado, atrapado entre el liberalismo económico y el conservadurismo político" (1992:23).
Hemos de entender por "modernización el proceso de mutación del orden social inducido por las transformaciones derivadas del desarrollo de la ciencia y la técnica"(Corredor: 51). La modernización ofrece la posibilidad de comprender el orden del mundo natural y social, como un orden que se puede construir y transformar y no simplemente como un orden que se recibe. De ahí que en correspondencia con la modernización, la modernidad implica la posibilidad de que los actores sociales se conviertan en sujetos de su propio destino, en sujetos históricos. Es elemento caracterizante de la modernidad la constitución de las comunidades en naciones que se afirman como origen de la propia soberanía. La ciudadanía, como expresión de la constitución del individuo de una organización social en sujeto político, es un elemento esencial de la modernidad sobre el que se hace posible el desarrollo de la democracia.
Desde diferentes procesos como el económico, el sociourbano, la expansión de los medios de comunicación, la ampliación de la cobertura educativa, el país ha vivido transformaciones profundas y aceleradas que han llevado al surgimiento de sectores sociales nuevos. Ello explica el incremento y la complejidad de los conflictos habidos en Colombia en las últimas cuatro décadas. Pero en la medida en que no se ha desarrollado un Estado acorde con estas realidades, éste no ha estado en capacidad de posibilitarse como escenario público donde las confrontaciones entre los diferentes actores sociales encuentren vías de solución civilizadas, de consenso y no de fuerza. Al no existir estos espacios, la misma sociedad se ha ido planteando soluciones propias por diferentes caminos de violencia. Y, en este sentido, los colombianos han terminado convirtiendo en sinónimos los conceptos de "conflicto" y "violencia".
Los movimientos sociales y la construcción de la democracia
Si bien, la década de 1980, por muy distintas razones como las que hemos venido analizando, se presenta como el período de mayor resquebrajamiento de la sociedad colombiana, manifestado en las muchas y muy variadas formas de violencia, también se asiste al surgimiento de nuevos contextos creados por la misma sociedad civil que, desde finales de los años 80, comienza a ver la revitalización de los movimientos sociales, como organizaciones que desde los sectores más marginales de los beneficios del desarrollo, empiezan a darse cuenta de que es su propia organización la única que les puede permitir abrir caminos para presionar la creación de formas de participación. Allí se comienza a construir ciudadanía y sociedad civil mediante el desarrollo de valores propios de la democracia en una sociedad moderna, como el pluralismo, el reconocimiento y respeto del otro como diferente, el derecho a la libre participación, la solución de las diferencias por la vía del consenso y no de la fuerza, la fundamentación de las decisiones en todos y cada uno de los integrantes del respectivo movimiento. Allí, no se puede desconocer, ha comenzado a germinar una nueva cultura, unos valores y actitudes distintos a los de la sociedad tradicional y propicios para proyectar la posibilidad de una democracia participativa para Colombia. Estos movimientos indudablemente han presionado al Estado a encontrar caminos alternativos para enfrentar los conflictos propios de una sociedad en proceso de modernización. Una expresión de lo anterior la encontramos en el desarrollo de políticas de descentralización planteadas desde el gobierno de Belisario Betancur y que comienzan a tener su consolidación con base en la Constitución de 1991, posibilitando escenarios favorables para la construcción de la democracia. Los diálogos con la guerrilla, más allá de sus éxitos o fracasos, han señalado la necesidad del reconocimiento de otros actores sociales con ideas y propuestas que merecen ser escuchadas, analizadas y puestas en ejecución para responder así a esas particulares necesidades de esos sectores sociales.
El pluralismo, la participación y la democracia como características sobresalientes de la Constitución, son espacios requeridos para su desarrollo moderno por una sociedad que ya no es de ninguna manera la misma sociedad agraria del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Pero esos espacios tendrán que ser objeto de apropiación por parte de todos los actores sociales, como vías para la superación de los conflictos tal como lo sería en una sociedad moderna. De otra manera, el Estado Social de Derecho definido en la Constitución como el fundamento del ordenamiento social, estará siendo supeditado a los fines del Estado Neoliberal que ha venido siendo puesto en ejecución con los procesos de apertura económica y con las negociaciones del TLC que se han realizado en la administración Uribe Vélez.
Otros aspectos: el contexto socioeconómico impide la generación de empleo de calidad
En el año 2009 existían en el país cerca de 20 millones de personas en la pobreza, y alrededor de 8 millones en la indigencia. En el campo las condiciones eran aún más graves, ya que de cada 100 hogares 64 eran pobres y 29 vivían en condiciones de indigencia. Si bien entre el 2002 y el 2009 la pobreza pasó de 53,7% a 45,5%, los niveles de crecimiento que el país ha tenido no se equiparan con reducciones significativas del nivel de la pobreza. La indigencia aumentó entre el 2005 y el 2009. Pasó de 15,7% a 16.4%, situación que resulta preocupante e inmoral si se tiene en cuenta que se está presentando en un periodo de buen comportamiento del PIB. La distribución del ingreso empeoró. Entre 2005 y 2008 el Índice de Ginni pasó de 0,58 a 0,59. Y según el informe de la ONU – Hábitat (Foro Urbano Mundial de la ONU, en Río de Janeiro. marzo 25 de 2010), el 10% de la población más rica de Colombia se queda con la mitad de los ingresos laborales del país, frente al 0,9% que se queda en el lado de la población más pobre.
Crecen sectores que no generan empleos y desaparece el empleo formal
En el año 2009 la industria manufacturera cayó 6.3%. Otros sectores que cayeron en 2009 fueron: comercio, reparación, restaurantes y hoteles (2,9%), que se explica por la caída del consumo de los hogares. El sector del transporte tuvo una variación negativa de 1,2%. Todos estos sectores eran potenciales generadores de empleo formal, empleos que han pasado a ser precarios o desaparecieron. Entre los sectores que tuvieron crecimientos significativos se destaca: la construcción (12,8%), gracias a que el rubro de obras civiles creció 33,9%; el sector minero, que registró un crecimiento de 11,3%; y los establecimientos financieros, con 3,1%. Todos los anteriores, o generan empleo precario y mal remunerado, o generan ínfimos empleos.
Oportunidades de trabajo: aumentó el desempleo, hay más jefes de hogar sin trabajo y más personas buscando empleo.
En el año 2009 la tasa de desocupación, promedio anual, se ubicó en 12%, presentando un incremento con respecto al año anterior, cuando era de 11,3%. Es muy grave el crecimiento de la tasa de desocupación en los jefes de hogar, al pasar de 5,5% a 6,2%, pues ellos y ellas son quienes generan los ingresos principales de las familias. En el año 2009 existían en el país cerca de 2´513.000 desocupados, 297.000 más que en 2008, periodo en el que los desocupados alcanzaban los 2´216.000. Esto significa que hoy existen más personas en busca de empleo. Creció el nivel de ocupación en 979.000 personas con respecto a 2008, es decir, hubo un crecimiento en la tasa de ocupación de 51,9% a 53,9%. También creció la población económicamente activa en 1´277.000 personas, llegando a 20´941.000 personas. También aumentó la tasa global de participación, que pasó de 58,5% en 2008 a 61,3% en 2009. Es decir, en 2009 hubo más hombres y mujeres compitiendo en el mercado laboral.
Cada año hay más personas saliendo a buscar trabajo, a una economía que crea muy poco empleo. Esposas, hijos, parientes, entre otros, se ven forzados a salir en busca de empleo para no afectar los ingresos del hogar. En consecuencia, la tasa de inactividad pasó de 41,5% a 38,7% de 2008 a 2009; es decir, para este último año había 717.000 inactivos menos que en el mismo periodo de 2008, y se observó un repunte en el subempleo, tanto subjetivo como objetivo, que se ubicaron en 29,7% y 10,9% respectivamente.
Explosión de la informalidad
En 2009 el empleo aumentó en posiciones ocupacionales caracterizadas por la informalidad, como cuenta propia, que se incrementó en 8%; trabajadores familiares sin remuneración, que creció en 30,5%; y trabajadores sin remuneración en otras empresas, que aumentaron en 17,3%. Debe destacarse que en 2009 el 42,6% del total de ocupados era cuentapropista, seguido de los empleados particulares que participaban con 34,5%. El sector público sólo participa con 4,6% de los ocupados, con una increíble disminución del 8% entre el 2008 y el 2009. Los datos del primer semestre del 2010 mantienen esta grave tendencia. La tasa de ocupación llegó a 55,2%, el desempleo pasó de 12,3% a 12.5%, crecieron las tasas de subempleo objetivo y subjetivo, a junio la primera creció en 0,4% y la segunda 0,6% a junio, llegando a 32,7%. Al hacer el análisis por posición ocupacional, registramos un crecimiento del 4,4% en los empleados cuentapropistas, 3,5% en jornalero o peón, 2,9% en empleado particular. Y disminuciones en la categoría patrón o empleador, ubicándose en -3,7%. Y el número de empleados del gobierno tuvo una variación de -1,4%.
Desprotección social e inseguridad laboral
Dos terceras partes de los y las trabajadoras no cuentan con protección social integral. Para 2009 sólo el 44% estaba afiliado al régimen contributivo de salud, el 31% a un fondo de cesantías, el 29% a una caja de compensación familiar, el 35% a un fondo de pensiones, y el 37% a una aseguradora de riesgos profesionales. En Colombia se registraron 743 muertes calificadas como profesionales en 2008, y 588 en 2009. Las enfermedades calificadas como profesionales se incrementaron en 12%, al pasar de 6.145 en 2008 a 6.891 en 2009. En cuanto a los accidentes calificados como profesionales, 360.800 ocurrieron en 2008 y 410.410 en 2009.
Equidad en el trabajo: las mujeres siguen siendo discriminadas
En los últimos 10 años la tasa global de participación femenina se mantuvo en promedio en 48,6%, mientras la masculina en 73,6%. Persisten obstáculos para el empleo femenino, asociados a barreras de acceso, dificultades de calificación y la presencia de estereotipos y roles sociales que asignan a las mujeres labores de cuidado. La tasa de desempleo para las mujeres llegó en 2009 al 15,8%, superior a la masculina en 6,5 puntos. En relación al año anterior, esta diferencia creció, ya que para ese momento era de 6 puntos. Así que la desigualdad entre hombres y mujeres lejos de disminuir, aumenta y se acentúa. Las mujeres se encuentran en las posiciones ocupacionales más precarias y con menor cubrimiento en seguridad social. Son el 95% de las personas que trabajan en labores domésticas y el 57% de quienes realizan este trabajo sin remuneración. Representan el 21,69% de los patrones o empleadores; y apenas llegan al 38,63% de los obreros o empleados particulares.
… y los jóvenes también
El 22,6% de los y las jóvenes se encuentra desempleado. Esta tasa supera ampliamente a la media nacional, que se ubica en 11,6% en junio 2010. Es decir, 1´228.000 jóvenes no tienen trabajo, lo que representa el 48% de la totalidad de los desempleados del país. La peor situación la llevan las mujeres jóvenes, que sufren 28,9% de desempleo. El 73% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, 20 puntos por encima del promedio nacional. Las diferencia por género resulta más complicada de analizar, ya que al contrario de los esperado, la informalidad ataca más a los hombres jóvenes (75%) que a las mujeres (69%). Las mujeres son más solicitadas para trabajos artesanales y de acabado, como las confecciones, por ejemplo.
Diálogo social y negociación colectiva: inexistentes
El Diálogo Social en Colombia es prácticamente inexistente, y ni siquiera se halla como tal en el imaginario público. Durante el Gobierno Uribe sólo se concertó en cuatro ocasiones el salario mínimo, mientras que se impusieron decisiones laborales claves como: el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y los trabajadores oficiales del nivel territorial; la reestructuración de 412 empresas de propiedad pública, como Telecom, el Instituto de Seguros Sociales, ADPOSTAL e Inravisión; y se reglamentó mal la negociación colectiva en el sector público. En 8 años del Gobierno Uribe disminuyó la negociación de convenciones colectivas. Mientras entre 2001 – 2002 se negociaban 447 convenciones colectivas de trabajo por año, entre 2008 y 2009 se negociaron sólo 307, lo que representa una disminución del 31,2%. Y respecto al número de trabajadores beneficiados, se pasó de 176.140 entre 2001 y 2002, a 124.200 en 2007 y 2008. En promedio fue una reducción del 29,48%. Se incrementaron los Contratos Sindicales cuya negociación se ha dinamizado en los últimos tres años, estimulada ampliamente por el anterior gobierno como otra estrategia de reducción de costos laborales y de flexibilización laboral. Otro tanto ocurre con los Pactos Colectivos que se “negocian” entre empresas y grupos de trabajadores no sindicalizados. En esta forma de contrato los trabajadores no tienen autonomía. En muchas ocasiones los pactos colectivos son una estrategia antisindical para que no se forme un sindicato, o para debilitar el existente, presionando a los trabajadores para que renuncien a la convención del sindicato y se acojan al pacto colectivo.
Huelgas y protestas laborales
Durante el 2009 se registraron 103 acciones de movilización, reivindicación y protesta por parte de las y los trabajadores colombianos, lo que supera ampliamente lo ocurrido en 2008. Estas movilizaciones ocurren por la implementación de medidas de recorte de derechos laborales, planes de reestructuración de empresas o falta de pago de salarios y prestaciones, lo que impulsan la protesta. Se realizaron 28 huelgas en el país, 27 movilizaciones o marchas, 24 jornadas de protesta, 20 tomas o bloqueos.
Sin libertades sindicales, disminuye la afiliación sindical
En los primeros meses de 2010, el anterior gobierno y algunos empresarios anunciaron públicamente su satisfacción frente al supuesto crecimiento de afiliación sindical, el cual anunciaban en un 75%. Lo irónico de la noticia es que los empresarios y el gobierno no lograron demostrar esas cifras de afiliación, simplemente porque hace años el Ministerio de la Protección Social abandonó esta función y no hay cifras oficiales sobre el tamaño del sindicalismo en Colombia. Por el contrario, al realizar una comparación del número de afiliados a sindicatos en 2002 y en 2008, encontramos que la masa bruta de sindicalizados que se perdieron durante el gobierno de Álvaro Uribe se aproxima a 120.000. La tasa de sindicalización en Colombia es hoy del 4,2 % del total de ocupados a diciembre de 2009, la más baja de América Latina.
No cesan la violencia y la impunidad
Desde el 1º de enero de 1986, al 30 de agosto de 2010, han sido asesinados en Colombia al menos 2.842 sindicalistas (2.568 hombres y 272 mujeres). El 25,7%, o sea 731, se ha cometido contra dirigentes sindicales. Se han registrado además 270 atentados, 215 desapariciones forzadas, al menos 4.770 amenazas de muerte y 1.696 desplazamientos forzados. Entre 1999 y 2009 fueron asesinados en el mundo un total de 1.717 sindicalistas. Suramérica es el continente más peligroso, ya que concentra el 73% del total registrado, con la escandalosa cifra de 1.253 asesinatos. Asia participa con un 17% del total (233 asesinatos), Centro América y el Caribe con el 5.4% (79 asesinatos), África con el 4.6% (79 asesinatos), Oriente Medio con el 3% (50 asesinatos), mientras que Europa, con 8 asesinatos, participa con el 0.4%.
Las cifras son contundentes: en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos contra sindicalistas ocurridos en todo el mundo. Situaciones similares, aunque en menor medida, se presentaron en Filipinas, con el 5,44%, y Guatemala, con una participación de 3,45%. Durante el año 2009, en Colombia se registraron 707 violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los trabajadores sindicalizados. Se registraron 47 asesinatos, 412 amenazas de muerte, 129 desplazamientos forzados, 53 hechos de persecución y hostigamiento, 34 detenciones arbitrarias, 18 atentados de muerte, 7 casos de tortura, 3 desapariciones forzadas y 4 allanamientos ilegales. En este periodo llama la atención el aumento en el homicidio contra dirigentes. Mientras en 2008 fueron asesinados 16 dirigentes sindicales, 21 perdieron la vida en 2009. Del 1º de enero al 23 de agosto de 2010, persistió la violencia contra los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en Colombia. En los 8 primeros meses de este año se presentaron 35 homicidios, 11 de ellos contra dirigentes sindicales; además ocurrieron 15 atentados, 14 de ellos contra dirigentes.
¿Qué está investigando la Fiscalía?
Debido a la presión del movimiento sindical internacional y las múltiples recomendaciones de los órganos de la OIT, la Fiscalía General de la Nación creó una subunidad de investigación, cuyo trabajo, a junio de 2010, no permite hablar de resultados importantes. La Subunidad tiene asignados 1.344 casos, pero realmente sólo está investigando 1.150, debido a que no ha encontrado 194 expedientes físicos. Respecto de los 1.150 casos físicos que están investigando, 555 (48.26%) se encuentran en etapa preliminar. Es decir, en casi la mitad de los casos no hay identificación del presunto autor. 312 casos (27.1%) se encuentran en instrucción, etapa en la que se adelanta la investigación formal contra alguna persona identificada. En 175 casos (15.21%) hay acusación frente a los jueces por parte de la Fiscalía. La Fiscalía ha precluido 47 casos (4%), es decir los dejó de investigar por razones procesales. Finalmente, en 63 casos (5,47%) la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el procesado.
Síntesis de la situación de Colombia
Capital: Bogotá
Superficie: 1.138.910 km2
División política-administrativa: 32 Departamentos y 1 región capital
Fronteras: Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, Panamá y cruzado por la Cordillera de los Andes
Sistema político
Régimen: República
Población: 42.100.000 habitantes
Religión: católicos (96%)
Lengua: español
Población: 58-60% Mestizos, 20-25% Blancos, 14-20% Mulatos, 4% Negros, 1% Amerindios
Crecimiento demográfico anual: 2%
Población menor de 15 años: 32,8%
Índice de fecundidad: 2,8
Población urbana: 75%
Indicadores sociales
Indicador de desarrollo humano: 68 sobre 173 países clasificados. (Desarrollo Humano medio)
Población debajo del umbral de pobreza: 17,7%
Población que vive con menos de 1 dólar al día: 19,7%
Esperanza de vida al nacimiento: 71,2 años
Población que sufre de desnutrición: 13%
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacimientos vivos: 25
Insuficiencia ponderal de los menores de 5 años: 7%
Población privada de acceso a un punto de agua habilitado: 9%
Tasa de alfabetización de los adultos: 91,7%
Economía
Moneda: Peso
PIB per cápita: 6.248 Dólares
PNB per cápita: 6,248 USS
Gasto público en educación (% PNB): 4,1%
Gasto público en salud (% PNB): 5,2
Exportaciones principales: primer exportador mundial de esmeraldas y café suave; segundo productor mundial de café suave y platino; primer productor de oro en América latina
Problemas actuales
Colombia se encuentra desde hace 20 años en una situación al borde de la guerra civil donde se enfrentan las tropas militares, los grupos armados de la guerrilla y de paramilitares y los narcotraficantes. La violencia implica el desplazamiento de millones de personas que deben abandonar su lugar de origen para terminar en los suburbios de las ciudades o en el campo y vivir en condiciones infrahumanas. Además, la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza.
Situación socioeconómica
A pesar de las grandes riquezas naturales del país (petróleo, carbón, platino, oro, esmeraldas), Colombia no despega económicamente y presenta enormes desigualdades. En efecto, un 50% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, 34% del cual en la miseria absoluta. Al contrario, un 5% de la población, ricos propietarios rurales poseen un 80% de las tierras, de los bienes y servicios. Entre 1970 y 1986, el nivel de pobreza disminuyó globalmente, pero estos últimos años la situación no se ha mejorado. Así pues, un 19,7% de la población vivió con menos de un dólar al día de 1983 a 2000 y un 36% con menos de 2 dólares al día. Es sobre todo en los suburbios de las grandes ciudades que los habitantes viven en condiciones infrahumanas, sin acceso a servicios públicos, sin ninguna higiene y sin empleo. Las familias sobreviven a menudo gracias a la recuperación de los residuos que revenden a continuación. Por ejemplo, la capital Bogotá, donde viven 7 millones de habitantes, está rodeada de un cinturón de miseria donde alrededor de un millón de personas viven en condiciones deplorables. El desempleo es muy elevado: en junio de 2001, un 25% de la población activa estaba sin empleo. Estas condiciones de vida precarias llevan a la población hacia la delincuencia o el alistamiento en movimientos armados.
La violencia:
El país vive desde hace veinte años una violencia creciente donde los civiles son las primeras víctimas: secuestros masivos, atentados, asesinatos, amenazas de muerte, creando un clima de inseguridad difícil de soportar por la población. Colombia tiene la triste marca del mayor número de secuestros de civiles al año. En el año 2000 se contaban más de 12.539 secuestros. De la misma forma, desde 1985, se cuentan más de 60.000 asesinatos. En este conflicto se enfrentan los movimientos de la guerrilla aparecidos en los años sesenta, los paramilitares que surgieron como reacción a estas agrupaciones armadas, los narcotraficantes y los militares del Gobierno.
Desplazados
Desde el principio del conflicto, más de 2,5 millones de personas han tenido que abandonar su lugar de origen. Sólo en 1996, 180.000 personas tuvieron que dejar su hogar. Algunas zonas, sobre todo el Noroeste, reúnen a más de un millón de desplazados a causa de la violencia, quienes no quieren regresar a sus pueblos de origen. Las primeras víctimas son los campesinos, los indígenas y los negros, víctimas de los dos movimientos armados de la guerrilla y de los paramilitares. A menudo, los campesinos son obligados a dejar sus tierras bajo pena de muerte. Por ejemplo en Arboletes, 69.065 de las 72.700 hectáreas de tierra pertenecen a cinco propietarios, ya que se ha forzado a sus antiguos propietarios a abandonarlas. Los desplazados se instalan entonces en los suburbios de las grandes ciudades donde viven en condiciones miserables. Otros intentan huir hacia Ecuador, Venezuela o Panamá. Por lo tanto, millones de colombianos desplazados tiene que abandonar su medio, sus raíces, sus cultivos y su estructura familiar. El Gobierno no adopta las medidas necesarias para permitir el regreso de los desplazados a sus tierras.
La droga
Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. El país produce un 69% de las sustancias comercializadas en los Estados Unidos. Las ganancias de los carteles de la droga superan los 6 mil millones de dólares anuales. Es principalmente durante los años 1980 que los carteles de la droga se desarrollaron. Durante los años 80, el Cartel de Medellín fue el más importante, luego fue el turno del Cartel de Cali. Este último, dirigido por los Hermanos Rodríguez Orejuela, siguió una estrategia diferente a la del cartel de Medellín, causando menos confrontaciones directas con el Gobierno pero intentando ganar el apoyo de los políticos. Fue el caso del Presidente de la República Ernesto Samper, acusado de financiar su campaña presidencial con el dinero de los narcotraficantes. Pero finalmente el Congreso lo exoneró. Los narcotraficantes compraron millones de hectáreas de tierras. En 1995 poseían propiedades en 409 municipios. En 1997, tenían en sus manos 4.000.000 hectáreas, lo que representa un 10% de las tierras más fértiles y más productivas del país.
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Documento revisado y actualizado por el profesor Carlos Enrique Londoño Rendón.
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, septiembre 21 de 2005.
